Consideraciones constitucionales sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
El Gobierno Nacional ha empezado a explicar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Su lema es “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y reemplazará, cuando sea aprobado, aquel otro de “Todos por un nuevo país”. Estas frasecitas se repiten hasta el cansancio durante cada periodo presidencial y deberían concitar el entusiasmo de un esfuerzo común. Desafortunadamente, al día de hoy, son solo lemas machacados. Se repiten sin descanso en afiches, banners y documentos oficiales, pero dejan el sabor a boca que se trata de retórica vacía de la propaganda estatal.
El Plan Nacional de Desarrollo debería ser un instrumento de direccionamiento estratégico donde el Estado y la sociedad coincidieran en grandes líneas de políticas públicas. Pero eso no es lo que ocurre en realidad: se sienta uno a leer el “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” y lo que no queda claro, para nada, es que haya un genuino plan o estrategia.
El lema general se divide en sublemas: “legalidad, emprendimiento y equidad”. El de la “legalidad”, dice el “Plan”, busca establecer “las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, y para una lucha certera contra la corrupción”. Pero los buenos deseos paran ahí. Si se leen las normas concretas, no se ve cuál es el plan de acción que lleve a la realización de estos objetivos tan genéricos. La articulación entre las llamadas “Bases del Plan” y la ley propiamente dicha es tenue, por decir lo menos. Los artículos de ley, de hecho, están fundamentalmente enfocados a destrabar problemas muy específicos de la explotación minera, ambiental, las competencias de varias superintendencias, fórmulas para arreglar viejos problemas del esquema de estabilización de precios del combustible, reglas presupuestales que aumentan sensiblemente el control del Ministerio de Hacienda en toda la ejecución del gasto estatal, remiendos a la contratación estatal, intervención estatal en las EPS, sistema de pensiones, catastro, y así un larguísimo etcétera. La única cosa común en este cajón de sastre es que, según el Gobierno, todo tiene que ver con la “legalidad”. No se trata, en realidad, de una política general para lograr que la legalidad sea un valor social aceptado. Lo de la “legalidad” es la excusa para hacer cambios legales que no tienen secuencia o estructura claras.
Por esta razón, el Plan Nacional de Desarrollo se ha vuelto en el sitio de encuentro periódico de todos los lobbies, de todos los “problemas” sectoriales… Cualquier cosita que no se pueda arreglar en la legislación ordinaria siempre encontrará un nuevo chance en la Ley del Plan. La Ley del Plan se ha convertido así en un documento de casi imposible lectura, donde los temas se suceden unos a otros de manera vertiginosa. Para entenderlo a cabalidad, se necesitan muchos expertos que expliquen, sector por sector, cuál tuerca se está apretando y quién gana y quién pierde en la maniobra.
Según la Constitución, la Ley del Plan era la oportunidad para traducir en planes y presupuestos plurianuales la “visión-país” del movimiento que había ganado la Presidencia de la República. Hoy en día tal “visión-país” brilla por su ausencia. Aparece, más bien, un nuevo desbalance constitucional: el Congreso debería legislar, pero cada cuatro años el Presidente de la República tiene una ocasión única y feliz para legislar sobre cualquier cosa que desee. Esta legislación presidencial es, sin embargo, de mala calidad: los temas se suceden los unos a los otros sin ninguna estructura, la exposición de motivos no cubre los detalles necesarios de la avalancha de modificaciones que se presentan, la capacidad de control del Congreso termina ahogada en la sobrecarga de información o, peor aún, en la neutralización política y clientelar. Como en piñata, todos tienen una norma que les interesa y no están dispuestos a hacer el control de la del vecino. Mejor cubrirse así con la misma cobija.
Dentro de este maremágnum, se consigna también el Plan de Justicia 2019-2022. Pero el espacio se me ha acabado y tendré que posponer algún comentario para mi próxima columna. En el entretanto me gustaría abrir un debate sobre este tema en mi Facebook y Twitter. Les ruego el favor que estén pendientes.
