Mubarak y los jueces: futuro del constitucionalismo en Egipto
Más allá de Francia, Alemania o EE UU, referentes sempiternos, poco incursionamos en Colombia en estudios constitucionales comparados de tierras más lejanas.
El posible derrumbe de algunos regímenes autoritarios en el mundo árabe constituye una noticia importante en el mapa global del derecho público. Las protestas en Egipto contra el presidente Hosni Mubarak no son un paso más del contagio: Egipto tiene un papel central en el mundo árabe, por razones políticas, económicas e intelectuales. En lo que respecta al derecho, la doctrina constitucional y legal que allí se construye tiene influencia regional muy notoria. Las tensiones entre el régimen de Mubarak y los jueces son parte fundamental en el drama que por estos días se desenvuelve en El Cairo y son parte del proceso de judicialización de la política, que se ha hecho sentir en diversas partes del mundo.
Empecemos por el comienzo: los jueces de Egipto han luchado de forma muy enérgica por su independencia frente al Ejecutivo. Esta lucha gremial los ha llevado también a ser caracterizados, en términos generales, como una fuerza liberalizadora y constitucionalista. En un episodio esencial de la historia contemporánea de Egipto, el presidente Gamal Nasser buscó llevar a su nación hacia un socialismo nacionalista de partido único y, en ese esfuerzo, quiso que todos los jueces tuvieran la obligación legal de pertenecer a la Unión Socialista Árabe. Los jueces se rehusaron y cientos de ellos fueron destituidos por el Presidente, en lo que se conoce como la “masacre judicial” de 1969.
Desde aquel entonces, los jueces han sido en Egipto uno de los gremios más activos de la oposición política a los regímenes autoritarios de origen militar que se iniciaron con Nasser, continuaron con Sadat y se prolongan con Mubarak, que aspiraba, en noviembre de este año, a ser reelegido por quinta vez y cumplir así 30 años en el poder. Hasta las reformas constitucionales del 2005, la Constitución ordenaba la reelección de un referendo y no propiamente de elecciones: la Cámara baja postulaba un candidato (siempre el autócrata) y este iba a un referendo popular de su nombre. Si no resultaba aprobado por la mayoría de los votantes (lo cual, obviamente, nunca ocurrió), el Parlamento tenía la obligación de presentar otro nombre. En el 2005, bajo presiones internacionales, Mubarak cambió el sistema hacia elecciones abiertas pluripartidistas, eliminando así el referendo presidencial. Casi todos los comentaristas coinciden en afirmar que las reformas del 2005 eran cosméticas, porque las nuevas reglas electorales hacían casi imposible la presentación de candidatos alternos.
En el 2005 se inició la verdadera batalla de los jueces contra el Presidente: amparados en una decisión de la Corte Constitucional, los jueces egipcios reclamaron el poder de hacer el control de transparencia de las elecciones en todo el país. Como resultado, en una ocasión declararon la nulidad de todo un evento electoral por actos de corrupción; en otro hecho, en el 2006, bloquearon el sistema político, cuando amenazaron no cumplir con sus funciones de control electoral, porque sabían, de antemano, que las elecciones serían fraudulentas. Con este boicot consiguieron negociar con Mubarak beneficios gremiales, al tiempo que se apoderaron de las banderas del liberalismo y de la democracia.
A pesar de su oposición larvada, el régimen, aunque podría, no ha podido aplastar totalmente a los jueces por dos razones fundamentales: en primer lugar, el régimen de Egipto tiene al menos 35 años comprometido con la liberalización económica y la inversión extranjera (infitah) y, cuando ello ocurre, los jueces son necesarios para hacer creíble la estrategia de atracción de inversión y terminan siendo protegidos políticamente por los nuevos agentes económicos. En segundo lugar, el liberalismo de los jueces ha sido esencial para poner límites a la agenda reislamizadora de los hermanos musulmanes y otros sectores populares: así, los jueces han limitado el impacto del nuevo artículo 2º de la Constitución de Egipto, que ordena que todo el derecho estatal esté en conformidad con la Sharia islámica. Para el Gobierno, pues, es esencial que jueces y juristas liberales moderen el renacimiento del islamismo político y jurídico.
En todo esto han sido esenciales los “clubes judiciales”: nacidos originalmente como instituciones sociales (tienen en Zamalek una sede social a orillas del Nilo), hoy son uno de los actores políticos más importantes en Egipto. La articulación de sus reclamos gremiales con una agenda política más amplia se ha hecho en este escenario: hoy se dividen entre “activistas” (que buscan la democratización del régimen) y “quietistas” (que pretenden no inmiscuirse abiertamente en lo político, aunque defienden cerradamente su independencia frente a Mubarak).
Una viñeta del pasado 1º de febrero puede mostrar que el régimen de Mubarak está condenado y que los jueces tienen un peso esencial: según reporta la prensa internacional, se unieron a las protestas en la Plaza Tahrir, no solamente el Club de Jueces de El Cairo, sino también los muftis de Al-Azhar. De los primeros ya he hablado suficiente; los segundos son los juristas musulmanes educados en la universidad religiosa del Al-Azhar y que administran aquellos asuntos de derecho de familia y de instituciones pías que todavía están bajo la jurisdicción de la Sharia. Ambos están unidos ahora para derribar a Mubarak: luego, entre ellos discutirán si el derecho egipcio caminará hacia el liberalismo o hacia su reislamización.
La tradición jurídica egipcia es tremendamente orgullosa: sienten que son, en el mundo árabe, el sitio genuino de contacto entre el derecho occidental, que conocen y practican, y la Sharia musulmana, que no han modernizado para servir los intereses del presente. Juristas como Abd al-Razzaq al-Sanhuri o Muhammad Abduh son ampliamente reconocidos por realizar esta síntesis que es, por sí misma, un logro intelectual asombroso. Son los egipcios además, como nosotros, fetichistas constitucionales: el peso de la Constitución en la discusión política es enorme. Basta hablar con un taxista en El Cairo para confirmar este punto. Al autoritarismo del Ejecutivo lo ven como una característica del sistema, no como la negación absoluta de la existencia del Estado de derecho. Viven su sistema constitucional sin complejos, incluso con orgullo; en occidente, en cambio, tendemos a “orientalizarlos”, a pensar que son necesariamente una Constitución fallida. Ese juicio, viniendo de nosotros, sería francamente ridículo. La experiencia constitucional de Egipto se parece tremendamente a la nuestra, en sus luchas y en sus ambigüedades. Veremos qué pasa en los próximos días.
